El movimiento libertario en general y el anarcosindicalismo en particular han sido tradicionalmente objeto de persecución y represión violenta por parte del Estado y de sus habituales socios: ejército, iglesia y oligarquía económica.
España es un país en el que a lo largo de su historia se han vivido intensas etapas de persecución del movimiento obrero, y en ese escenario la CNT ha sido una de las organizaciones a la par que más combativas sin duda, la más atacada y hostigada desde el poder, no sólo en períodos con gobiernos monárquicos o autocráticos sino también bajo la república, la dictadura franquista o la actual monarquía parlamentaria habida tras el proceso de la llamada transición.
Persecución y muerte son términos repetidos a lo largo de la historia de la CNT, por ello cumple hoy a la organización y a todos sus miembros o simpatizantes dar una contundente réplica en lo que se refiere a los resultados de la represión, así como difundir entre la opinión pública y el pueblo en su conjunto toda una serie de ataques que han supuesto muerte, cárcel, persecución, torturas, desapariciones, humillaciones, vejaciones, depuraciones y violencia indiscriminada de la que han sido objeto sus militantes y en muchos ocasiones sus propios familiares.
Los intentos por difundir bajo un punto de vista crítico la acción represiva durante la guerra civil y el franquismo, han contado con la mordaza de diferentes “gobiernos democráticos” y un tibio posicionamiento por parte de la socialdemocracia, que pese a haber promulgado una insuficiente ley de memoria histórica ni siquiera ha realizado el más mínimo esfuerzo para hacer que se cumpla; en sus manos, el tema de la memoria histórica ha sido solamente una herramienta para el combate electoral y no una cuestión de principios y de justicia.
La ley de Amnistía de 1977 fue una ley de punto final que otorgó una total impunidad a los responsables de la represión en la dictadura, bajo la coartada de sacar de las cárceles a los presos políticos. Esta injusticia nos aboca desde entonces a una transición eterna, que no sólo deja sin resolver la actuación criminal del estado, sino que pone todos los obstáculos posibles a los que intentan sacar a la luz esos crímenes.
Si la ley de amnistía es la primera losa sobre los represaliados del franquismo, la ley de Memoria Histórica, supone una segunda.Una ley en la que el estado traslada nuevamente sus responsabilidades y las deposita en las asociaciones de víctimas y familiares, subvencionando tareas como las de localización y exhumación de fosas en lugar de asumirlas y financiarlas directamente
Desde el punto de vista de la CNT, seguiremos anclados en el tardofranquismo político e institucional en el que vivimos hasta que se devuelva al pueblo la historia de sus luchas, sin la cual, los pueblos quedan reducidos a la nada. Para ello es fundamental participar en las actividades del movimiento social de recuperación de la memoria histórica con nuestra propia visión, aportando un componente social y libertario, reivindicativo y rebelde, que a veces queda difuminado.
Por ello exigimos estos puntos:
Derogar de la Ley de Amnistía de 1977, para que el genocidio franquista pueda ser investigado y juzgado en los tribunales españoles e internacionales.
Asumir por parte del estado todas sus responsabilidades en la búsqueda de VERDAD, REPARACIÓN Y JUSTICIA para con las víctimas del franquismo, como exige las normas internacionales en Derechos Humanos, legislación que la propia constitución de 1978 asume.
Investigar y difundir, para el público conocimiento de los responsables de la represión y la exigencia de responsabilidades a los franquistas supervivientes (políticos, militares, eclesiásticos, empresarios o miembros de los sindicatos verticales).
Localización y exhumación científica y sistemática de las fosas comunes devolviendo a los familiares los restos de las personas asesinadas, rechazando las medidas de carácter asistencialista introducidas por la Ley de Memoria Histórica, contrarias a las normas internacionales de derechos humanos al trasladar la responsabilidad del Estado a las asociaciones y particulares.
Declarar nula de pleno derecho toda la legislación franquista y los actos administrativos o jurídicos represivos derivados de ella, planteando un rechazo frontal a cualquier equiparación de víctimas con verdugos.
Eliminar todos los símbolos del régimen dictatorial, como monumentos, lápidas en las iglesias, cementerios o edificios públicos, nombres de vías públicas, establecimientos sanitarios o centros de enseñanza y cualquier otra referencia a la más siniestra época de la historia de España.
Indemnizar debidamente a cuantos sufrieron persecución y promover su rehabilitación pública, reponiendo de oficio los inmuebles, muebles, documentos y bienes de todo tipo que fueron incautados en base a la Ley de Responsabilidades Políticas y legislación conexa.
Reconocer la propiedad del patrimonio documental de las organizaciones políticas y sindicales, que fue incautado por el régimen anterior y que el actual maneja sin tener en cuenta el criterio de sus auténticos propietarios.
Impulsar una necesaria socialización de la historia, en aras de la justicia y la reparación, rechazando la justificación de acudir exclusivamente a la memoria individual y familiar para crear en cambio, una memoria colectiva y viva que pase por llevar la verdad a las calles, a las casas, y a los cementerios, pero sobre todo, a los colegios, institutos y universidades.
Está claro que nuestro concepto de memoria histórica difiere bastante del maniqueo modelo que se pretende desde el poder. Nosotros reivindicamos la verdad, la dura realidad sufrida, la vida militante de nuestros compañeros que fueron perseguidos y represaliados, queremos que resplandezca la figura de los que fueron torturados, fusilados o asesinados sin otro motivo que el de luchar esforzadamente por una humanidad libre. Por ello, ni tranquilidad ni reposo, hay cosas que no admiten mayor retraso o demora.
