Los sucesivos gobiernos que hemos ido padeciendo -y
padecemos- desde el final de la dictadura con la colaboración de clase
empresarial y los sindicatos oficiales emprendieron a principios de los años 80 del siglo pasado una calculada
reducción de los derechos de los trabajadores.
Pensada como una reestructuración permanente, se trata
de abaratar la mano de obra puesta a disposición de las empresas como
forma de compensar su falta de competitividad con respecto a las del
exterior. La legendaria falta de capacidad del empresariado español, su
avidez por los ingresos rápidos y su falta de responsabilidad social
son sufragadas por la clase trabajadora que asiste impávida al
deterioro de las condiciones laborales y de los derechos sociales.
Los caballos de batalla del neoliberalismo
La dirección de los recortes que patrocina la gran
empresa está dirigida a obtener mayor capacidad competitiva en la
esfera internacional gracias a la reducción de derechos y de ingresos
de los trabajadores. Nos hemos convertido en el eslabón más débil;
desunidos, sin conciencia de clase y sin sindicatos fuertes y decentes,
somos la presa más fácil del conglomerado político-empresarial. Estas
son sus “reformas estructurales” permanentes:
Pensiones: retrasar la edad de jubilación, reducir el número de beneficiarios y la cuantía de las pensiones
Aunque parezca increible, los mismos que despiden a los
trabajadores más veteranos para contratar jóvenes a mitad de precio,
pretenden elevar la edad de jubilación a los 70 años. Así se reduce el
número de personas que llegará a percibir pensión. Esto se completa con
una reducción del importe a cobrar, lo que se hace aumentando el número
de años cotizados necesarios para percibirla. Para conseguir que nos
traguemos esto, a través del altavoz de los grupos políticos y
mediáticos, se nos hace pensar que el actual sistema público de
pensiones es inviable. Pero eso es totalmente falso y los números lo
demuestran; lo que se pretende es fomentar los planes privados de
pensiones, auténtica bicoca para los bancos y un monumental engaño para
quienes los suscriben.
Despido sin coste para el empresario
El despido ya es libre en España: basta con ingresar el
coste de la indemnización en el juzgado y cualquiera puede ser
despedido tenga el contrato que tenga, excepto los miembros de los
comités de empresa. Pero el debate no está ahí; lo que pretenden es que
además de libre, sea gratis. Reducción constante de los impuestos y
cotizaciones a las empresas. Punto de fricción importante en las
negociaciones del nuevo “pacto social”; parece ser que la única manera
–aparte de reducir salarios- de rebajar costes de las empresas es
reduciendo impuestos; Aún habiendose eliminado muchos impuestos al
capital y rebajado sustancialmente otros, (sociedades, patrimonio,
etc.) y existiendo una política clara de subvencionar la contratación
por parte del estado, persiste un continuo chantaje por parte de la
gran empresa: si no hay más rebajas de impuestos, no hay
contrataciones. Esto, por si solo, ya indicaría el bagaje de los
empresarios españoles; que lo digan después de una década de mantener
beneficios astronómicos, es vergonzoso.
Privatización de la educación, la sanidad y los servicios sociales
Esa espiral de reducciones de impuestos que pagan las
empresas es, al parecer, la única forma de los gobiernos “de
izquierdas” de hacerse con la “amistad” de la clase empresarial. Así se
cierra el ciclo del miedo. La reducción de impuestos conduce a la
consiguiente merma de los fondos públicos y da lugar a los alarmismos
acerca de la viabilidad futura de las pensiones o de los servicios
públicos.
Día a día, la educación (Plan Bolonia), la salud
(reducción de recursos, hospitales públicos con gestión privada…), los
servicios básicos y esenciales, dejan de ser públicos y son engullidos
por las grandes empresas. Esquilmación de lo público para el negocio
privado.
Reducción de los salarios
Otro de los principios fundamentales de los planes
ultraliberales es ligar más profundamente los salarios con la
productividad, es decir, pagar al trabajador según el rendimiento que
el empresario le atribuya. Esto sucede en la práctica en muchos
sectores, en los que ni los salarios ni el resto de condiciones
laborales se parecen –ni de lejos- a lo que dicen los convenios
colectivos.
Libre contratación entre empresario y trabajador
En la línea de lo anterior, lo que pretende la gran
empresa es la eliminación de cualquier tipo de negociación colectiva,
al estilo americano: empresario y trabajador acuerdan todas las
condiciones de trabajo, siendo el despido libre y gratuito, sin
intervención de la administración ni, por supuesto, de los sindicatos.
El contrato laboral se convierte así en un contrato mercantil en el que
se supone a dos partes libres e iguales. Todos los gastos sociales
recaen sobre el trabajador, que se convierte de esta forma, en empresa
al servicio de otra empresa, obligada para subsistir a continuar la
cadena de explotación.
La flexiseguridad
Es el modelo europeo de capitalismo y casi un resumen
de los puntos anteriores. Patrocinado por las Empresas de Trabajo
Temporal, el modelo aboga por minimizar la legislación laboral para
permitir “mayor flexibilidad para las empresas y mayor seguridad para
los trabajadores”. Para la parte emempresarial se trata de desregular
la contratación, el tiempo de trabajo y la jornada en su conjunto;
disponer de un despido libre y gratuito; aumentar de la edad de
jubilación y aumentar las facilidades para subcontratar y recurrir a
las ETT. A cambio, el estado proporcionaría una formación continua del
trabajador y una prestación por desempleo mucho más generosa que le
permitiera cambiar de trabajo “sin traumas”.
Aquí llevamos viendo ya treinta años viendo como la
parte de ese plan que favorece a las empresas se lleva cada vez más a
la práctica, en una reforma laboral tras otra; sin embargo, poco empeño
se ha puesto en lo que pudiera favorecer al trabajador. Al contrario,
la formación es un inmenso fraude, convertida en una de las fuentes de
financiación de los sindicatos que participan en ella y el derecho a
desempleo sufre nuevos recortes en cada reforma que nos cae encima.
¿Qué quieren ahora los empresarios?
Después de una década de ingresos supermillonarios para
la gran empresa española, la CEOE lanzó el pasado 23 de julio un
documento con sus peticiones para el “diálogo social” con gobierno y
sindicatos oficiales. ¿Qué quieren? Comenzar a negociar a partir de
septiembre una nueva reforma laboral. Quieren reducir su aportación a
la seguridad social; despidos más baratos; igualar las mutuas a la
Seguridad Social; más poder para las ETT; desregular aún más los
contratos.
La negativa inicial -y aparente- del gobierno a las
peticiones empresariales deja por el momento la pelota en el alero.
Estas son las peticiones de la CEOE:
• Rebaja de 5 puntos en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
• 100% de bonificación de las cotizaciones
empresariales cuando las empresas realicen Expedientes de Regulación de
Empleo de suspensión temporal de contratos.
• Rebaja de un 5% del Impuesto de Sociedades para pymes de menos de 25 trabajadores durante 3 años.
• Que las Mutuas tengan la misma capacidad que el INSS
para dar el alta en los casos de Incapacidad Temporal de los
trabajadores, o bien, que se suprima la obligación de la empresa de
pagar la prestación por baja entre el cuarto y el decimoquinto día (es
decir, todo lo que paga la empresa en caso de baja).
• Empresas de Trabajo Temporal: Que se permita la
creación de ETT con ánimo de lucro y que permita acceder a las ETT a
los sectores aún no permitidos (construcción, administración pública).
Además, que se reduzca la indemnización por finalización de contrato
que pagan las ETT (actualmente, 12 días por año trabajado).
• Aumentar la flexibilidad en la contratación a tiempo parcial.
• Abaratamiento de los costes por despido y aligeramiento de los procedimientos.
• Reforma de la negociación colectiva.
• Aumento de la flexibilidad interna en la empresa (incrementos de la movilidad geográfica y funcional).
• Simplificación o supresión de los procedimientos administrativos laborales.
• 5.000 millones de euros para el Fondo de Inversión
Local de 2010 destinado a obras de mejora y que sean realizadas sólo
por empresas.
¿Y qué queremos los trabajadores?
La actitud de los sindicatos que negocian esta agonía
de la clase obrera es simplemente susbsistir. Obtener la financiación
necesaria para mantener sus estructuras a cambio de firmar la pérdida
de derechos para sus representados. Así, mientras los trabajadores
perdemos derechos, ellos aumentan su presencia institucional, el número
de delegados, las subvenciones que perciben y un largo etcétera.
Aquel lema del PSOE de los años 80, “mejor tener un
trabajo con menos derechos que tener derechos y no tener trabajo” está
plenamente aceptado por los “interlocutores sociales”. Machaconamente
pretenden convencernos de ello. Piensan, al estilo de Goebbels -el
ministro de propaganda nazi- que una mentira repetida muchas veces se
convierte en una verdad. ¿Y para qué necesitan convencernos, si son
ellos los que negocian, los que mandan, los que tienen los votos
sindicales y políticos?
Todas las medidas regresivas que imponen el gobierno y
los sindicatos no necesitan nuestra conformidad, sino nuestra
desmovilización. Necesitan a los trabajadores disgregados y atentos a
la pantalla. Y ellos saben, mucho mejor que nosotros mismos, que la
cuerda se tensa cada vez más. Más desigualdades sociales, más
trabajadores explotados, más parados, más presos, … y por tanto saben
que su política de protección y defensa del sistema capitalista es
frágil.
Ahora somos los trabajadores los que tenemos que
percibir esa fragilidad y encontrar nuestra fuerza como colectivo,
reinventando el lugar de trabajo como el escenario de la lucha social.
Solidaridad frente a individualismo. Conciencia frente a oportunismo.
Esas son las batallas.
