La pandemia ha sacado a la luz la verdadera cara de nuestro sistema sanitario. Nos vendían los políticos unas bondades que la realidad ha desmentido en todos los aspectos. La sanidad que debería ser universal, gratuita, inmediata y preventiva, en manos de los políticos no deja de ser un negocio, y de los más lucrativos. Gobierno tras gobierno vemos cómo se legisla en beneficio de las empresas privadas y de la mercantilización de la sanidad. Una prueba clara la tenemos en las siguientes leyes:
Ley 15/97 + Art. 90 de L. G. S.
- Ley 15/1997, del 25 de Abril, sobre la habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud: Punto 2.- La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad.
- Art. 90 de la Ley General de Sanidad: Las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas.
Analizando el extracto de ambos textos, se desprende una finalidad última de convertir en empresa privada, lo que era un servicio público, ¿más eficaz? si lo es, no se nota la diferencia; ¿más eficiente? Prueba a preguntárselo a la locución que te confirma las citas; ¿más ligero? Entonces no se entiende que las listas de espera para determinadas pruebas lleguen al año.
Cualquier usuario es capaz de ver todas las taras que tiene el sistema sanitario público, y cuya solución parte de la clara de necesidad de una mayor inversión en recursos materiales, humanos y hospitalarios. Pero el Estado se permite el lujo de emitir leyes para poner esa inversión a disposición de empresas privadas. Aunque eso no es lo peor; lo peor es que éstas aceptan de buen grado este capital público, para ofrecer un servicio sanitario de lujo a clientes VIP, y a su vez el Estado se congratula por su gran gestión. Como siempre, el Estado al servicio de bien común de las élites.
Siempre hay quien te dice, que este tipo de leyes suponen una libertad de elección por parte de los usuarios, y así justifican su falta de criterio solidario. Nosotros les decimos que su libertad de elección es la muerte de una inmensa mayoría que no tienen elección. Que respetamos su libertad pero no la falta de respeto al bien común, y que por todo ello saldremos a la calle el próximo sábado 27 de Febrero en apoyo solidario al colectivo CAS para decir:
NO a la privatización del servicio público de salud.
NO a las leyes que garantizan el bienestar sanitario de unos pocos y un lamentable final para la mayoría.
Por una sanidad pública, universal y gratuita aislada de intereses empresariales o políticos.
NO MAS MUERTES EVITABLES
