El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, cifró este jueves en 600.000 euros el coste que supuso para el Estado la intervención de los antidisturbios en las movilizaciones mineras celebradas durante el año pasado en la localidad de Ciñera de Gordón. Así lo confirmó en su comparecencia en el Senado para explicar las intervenciones en el interior del casto urbano de la localidad leonesa, según petición de los senadores socialistas de la provincia.
El senador Ibán García del Blanco recordó que los senadores socialistas habían solicitado una petición para que la Guardia Civil explicara la actuación de los antidisturbios en Ciñera. Especialmente durante los primeros días de junio del año pasado, cuando accedieron al interior del casto urbano de la localidad, con el consiguiente riesgo para las personas que se encontraban en las calles, entre ellos personas mayores y niños.
Sin embargo, Del Blanco lamentó que el director general de la Guardia Civil no haya contestado a sus requerimientos ni explicado los hechos relatados durante su intervención. Según el senador leonés, Fernández de Mesa se ha “parapetado” en lo que es la labor de la Guardia Civil, algo que matizó que desde el PSOE “no se pone en cuestión”, pero sí el “riesgo insoportable” generado en Ciñera de Gordón ante la entrada de los antidisturbios al casco urbano.
Del Blanco se mostró sorprendido por la actitud “ejemplar” de la Guardia Civil que, durante un momento “muy concreto” entró en el casco urbano de Ciñera “de forma indiscriminada”, algo que atribuyó a una decisión política con la que se pretendía “dar un escarmiento” porque “si no, no se explica”, añadió. Sin embargo, Fernández de Mesa incidió en que el objetivo era el de “salvaguardar el orden y la ley”, sin aludir a ninguna directriz política al respecto. “La conclusión entonces es que sobra la Dirección de la Guardia Civil”, añadió Del Blanco.
Igualmente, el senador socialista criticó que los senadores del PP de León y de Castilla y León justificaran la actitud del director general de la Guardia Civil y la actuación de los agentes en lo que fue una “barbaridad” que incluso llegó a provocar quejas por parte de alcaldes ‘populares’ en la provincia de León. De la misma manera, denunció la “poca elegancia” de Fernández de Mesa mostrando fotografías del conflicto, acusando a los mineros de “violentos” pero “nunca lo contrario”.
Según Del Blanco, no era “ni el momento ni el lugar” para mostrar fotografías y grabaciones de cómo sucedieron los hechos, que eran “difícilmente justificables”. Por eso, Del Blanco incidió en la “mala opinión” que desde la Guardia Civil se ha querido dar de los mineros ante la opinión pública y en incidir en los gastos generados, cuando no se ha aludido a “cuánto cuesta escoltar a los camiones con carbón importado desde el puerto de El Musel”.
