El movimiento libertario en general y el anarcosindicalismo en particular han sido tradicionalmente objeto de persecución y represión violenta por parte del Estado y de sus habituales socios: ejército, iglesia y oligarquía económica. El poder ve en el anarcosindicalismo y el anarquismo dos de sus principales enemigos, ya que cuestionan tanto su existencia como su práctica mediante la solidaridad, el apoyo mutuo y la movilización obrera entendida como instrumento material para alcanzar un futuro libre de tiranías y yugos de cualquier tipo.
España es un país en el que a lo largo de su historia se han vivido intensas etapas de persecución del movimiento obrero, y en ese escenario la CNT ha sido una de las organizaciones a la par que más combativas sin duda, la más atacada y hostigada desde el poder, no sólo en períodos con gobiernos monárquicos o autocráticos sino también bajo la república, la dictadura franquista o la actual monarquía parlamentaria habida tras el proceso de la llamada transición. Con todos estos formatos de modo de gobierno se ha producido un ataque sistemático a las ideas del anarquismo y del anarcosindicalismo, que llegan a día de hoy y que continuarán a futuro. Contra la imagen del anarquismo que se ha difundido desde el periodismo, la literatura y la historia domesticada, la militancia anarquista ha padecido mucho más la violencia estatal de lo que la ha podido ejercer en algún período determinado.
Persecución y muerte son términos repetidos a lo largo de la historia de la CNT, por ello cumple hoy a la organización y a todos sus miembros o simpatizantes dar una contundente réplica en lo que se refiere a los resultados de la represión, así como difundir entre la opinión pública y el pueblo en su conjunto toda una serie de ataques que han supuesto muerte, cárcel, persecución, torturas, desapariciones, humillaciones, vejaciones, depuraciones y violencia indiscriminada de la que han sido objeto sus militantes y en muchos ocasiones sus propios familiares. Importa mucho por tanto romper el cómplice velo de silencio que desde el Estado y demás instancias de poder se está produciendo acerca de la memoria histórica, entendida como forma de reivindicación frente a la barbarie y represión aplicada al movimiento obrero, en nuestro caso al anarcosindicalismo y al anarquismo en general.
Los intentos por difundir bajo un punto de vista crítico la acción represiva durante la guerra civil y el franquismo, han contado con la mordaza de diferentes “gobiernos democráticos” y un tibio posicionamiento por parte de la socialdemocracia, que pese a haber promulgado una insuficiente ley de memoria histórica ni siquiera ha realizado el más mínimo esfuerzo para hacer que se cumpla; en sus manos, el tema de la memoria histórica ha sido solamente una herramienta para el combate electoral y no una cuestión de principios y de justicia. La derecha política y sus sectores más ultramontanos -herederos morales y materiales de la represión- justifican a día de hoy su existencia, crean irreales y falsarios documentos que tergiversan cifras e intensidad de la represión, y en el colmo de su farisaico cinismo tratan de minimizar las prácticas de barbarie humana ocurridas favoreciendo un olvido culpable.
La ley de amnistía de 1977
La constitución de 1978 no supuso una auténtica ruptura democrática con la dictadura franquista, sino una adaptación de sus leyes a la nueva realidad, en la que, a cambio de la ‘apertura política’ se conservaron la estructura del estado y sus integrantes. La ley de Amnistía de 1977 fue una ley de punto final que otorgó una total impunidad a los responsables de la represión en la dictadura, bajo la coartada de sacar de las cárceles a los presos políticos. Esta injusticia nos aboca desde entonces a una transición eterna, que no sólo deja sin resolver la actuación criminal del estado, sino que pone todos los obstáculos posibles a los que intentan sacar a la luz esos crímenes.
Al amparo de esa ley vergonzosa, ha crecido lo que se ha dado en llamar democracia. Una sistema político que nació lastrado por un régimen que sólo cambió algunas de sus formas, pero que mantuvo intactas las riendas del poder. La figura más clara es la monarquía, instaurada con el beneplácito del dictador. Los órganos e instituciones más altas del estado siguen dirigidas, en demasiados casos, por descendientes de las mismas familias responsables de la represión franquista; esos mismos clanes dominan en los partidos políticos, en la justicia, en la economía y en las grandes empresas del país; la ultramontana cúpula de la iglesia sigue añorando el fascismo sin recato alguno; incluso retirar sus símbolos de las calles sigue costando acudir a los tribunales, casi cuarenta años después de la muerte del dictador, lo que muestra por sí solo el carácter “modélico” de la transición.
La oposición de CNT a los pactos de la transición que dieron origen al actual sistema político, nos legitiman en la cuestión de la memoria histórica, en contraposición a otras organizaciones políticas y sindicales. En cambio, la izquierda parlamentaria debería asumir su papel de neta complicidad en la consolidación de un sistema político marcado por la impunidad de los criminales de estado, el olvido de los luchadores antifranquistas y el silencio de las víctimas de la dictadura.
La Ley de Memoria Historica
Si la ley de amnistía es la primera losa sobre los represaliados del franquismo, la ley de Memoria Histórica, supone una segunda, porque lo que hace esta ley es consolidar esa situación según la cual los asesinatos cometidos por el franquismo no son tarea de las autoridades ni de los tribunales de justicia.
Una ley en la que el estado traslada nuevamente de sus responsabilidades y las deposita en las asociaciones de víctimas y familiares, subvencionando tareas como las de localización y exhumación de fosas en lugar de asumirlas y financiarlas directamente, de forma sistemática y con criterios científicos. Es paradójico, como señalan varias organizaciones internacionales, que las víctimas sean las encargadas de intentar rehabilitar su memoria, teniendo en cuenta además, que esa tarea está chocando con multitud de escollos administrativos, judiciales y económicos, dispuestos con el objetivo de entorpecer y silenciar esa rehabilitación. Este solo hecho, demuestra que el estado español sigue sin reconocer que es el heredero de aquél estado franquista y por tanto, el encargado de esclarecer los crímenes ejecutados por el estado durante la dictadura. En un sistema que pretende llamarse democrático, la diferencia entre la consideración institucional que reciben las actuales víctimas del terrorismo y la actitud que se muestra ante las víctimas del terrorismo de estado, debería cubrir de vergüenza a todos los que tienen responsabilidades públicas.
En esa misma línea de no asumir su responsabilidad, la ley evita anular las sentencias de la justicia franquista, a través del artificio legal de dejarlas “sin efecto”, lo que permite no tener que resarcir moral y materialmente a las víctimas; sigue sin reconocer a los guerrilleros antifranquistas y que deja sin resolver la devolución justa de los bienes expoliados por el franquismo a sus legitimos propietarios; una ley que equipara de nuevo a víctimas y verdugos, porque no está hecha para buscar la verdad, ni la justicia ni la reparación, sino para cerrar un período de nuestra historia cuyas heridas siguen sangrando porque sigue sin hacerse justicia. Una ley, en fin, que apenas deja a las victimas y sus familiares intentar reconstruir su propia memoria, pero que niega tajantemente la memoria colectiva del pueblo, la que reivindica la lucha contra la dominación y la barbarie fascista, que a la postre, es la única que puede conseguir que crímenes como aquellos no lleguen a repetirse.
Luchemos para devolver al pueblo su historia
Desde el punto de vista de la CNT, seguiremos anclados en el tardofranquismo político e institucional en el que vivimos hasta que se devuelva al pueblo la historia de sus luchas, sin la cual, los pueblos quedan reducidos a la nada. Para ello es fundamental participar en las actividades del movimiento social de recuperación de la memoria histórica con nuestra propia visión, aportando un componente social y libertario, reivindicativo y rebelde, que a veces queda difuminado.
Al mismo tiempo, hay que denunciar que hasta el momento las instituciones estatales han sido un estorbo para la recuperación de la memoria y para la exigencia de justicia; desde esta perspectiva, el estado sólo le cabe adoptar las siguientes medidas:
- Derogar de la Ley de Amnistía de 1977, para que el genocidio franquista pueda ser investigado y juzgado en los tribunales españoles e internacionales.
- Asumir por parte del estado todas sus responsabilidades en la búsqueda de VERDAD, REPARACIÓN Y JUSTICIA para con las víctimas del franquismo, como exige las normas internacionales en Derechos Humanos, legislación que la propia constitución de 1978 asume.
- Investigar y difundir, para el público conocimiento de los responsables de la represión y la exigencia de responsabilidades a los franquistas supervivientes (políticos, militares, eclesiásticos, empresarios o miembros de los sindicatos verticales).
- Localización y exhumación científica y sistemática de las fosas comunes devolviendo a los familiares los restos de las personas asesinadas, rechazando las medidas de carácter asistencialista introducidas por la Ley de Memoria Histórica, contrarias a las normas internacionales de derechos humanos al trasladar la responsabilidad del Estado a las asociaciones y particulares.
- Declarar nula de pleno derecho toda la legislación franquista y los actos administrativos o jurídicos represivos derivados de ella, planteando un rechazo frontal a cualquier equiparación de víctimas con verdugos.
- Eliminar todos los símbolos del régimen dictatorial, como monumentos, lápidas en las iglesias, cementerios o edificios públicos, nombres de vías públicas, establecimientos sanitarios o centros de enseñanza y cualquier otra referencia a la más siniestra época de la historia de España.
- Indemnizar debidamente a cuantos sufrieron persecución y promover su rehabilitación pública, reponiendo de oficio los inmuebles, muebles, documentos y bienes de todo tipo que fueron incautados en base a la Ley de Responsabilidades Políticas y legislación conexa.
- Reconocer la propiedad del patrimonio documental de las organizaciones políticas y sindicales, que fue incautado por el régimen anterior y que el actual maneja sin tener en cuenta el criterio de sus auténticos propietarios.
- Impulsar una necesaria socialización de la historia, en aras de la justicia y la reparación, rechazando la justificación de acudir exclusivamente a la memoria individual y familiar para crear en cambio, una memoria colectiva y viva que pase por llevar la verdad a las calles, a las casas, y a los cementerios, pero sobre todo, a los colegios, institutos y universidades.
Por nuestra parte, la CNT se propone impulsar distintas acciones para poner de manifiesto los procesos de represión que ha soportado, romper el cerco de silencio que se ejerce desde el propio poder y desde muchos medios de comunicación o grupos ideológicos, que de un modo u otro quieren echar tierra sobre la represión al movimiento libertario, mirando para otro lado y tratando de extender un mensaje benévolo para aquellos criminales que la practicaron y salieron indemnes de responsabilidad alguna.
Hay mucho por hacer en este sentido, como investigar en profundidad y coordinar los esfuerzos en la recuperación de la memoria de nuestros perseguidos y represaliados a lo largo del tiempo, limpiar su buen nombre del olvido, reivindicar su figura frente a los juicios sumarísimos, las condenas de muerte, las torturas continuadas, los expedientes de depuración, las largas condenas carcelarias, la esclavitud de los trabajos forzados, los destierros, la exclusión profesional o los informes represivos emitidos por la Falange, requetés, curas, monjas y demás entidades benéficas católicas. Es preciso e inexcusable del mismo modo implementar un plan de localización y exhumación de fosas, pozos, cunetas y escombreras en las que aún hoy día siguen abandonados los restos de muchos de nuestros compañeros que fueron asesinados. También es obligada la reivindicación de la memoria de todos aquellos que participaron en los maquis y en la guerrilla urbana, limpiar la sucia imagen de bandoleros que les atribuye el franquismo y poner de relieve su esfuerzo e incondicional sacrificio en la lucha frente a la dictadura.
Reivindicar también el obligado y duro exilio social y económico al que se vieron abocados muchos militantes del anarcosindicalismo y del movimiento libertario, es otro de los campos en los que es preciso el desagravio de todos aquellos que hubieron de sufrirlo, aportando su esfuerzo a la lucha antifranquista y dejando así una imborrable semilla que perdura en el tiempo en diversos países de Europa, América o África. Es de justicia deshacer la imagen de que el exilio lo constituyeron los intelectuales acogidos en América Latina, para recomponer una imagen global en la que esa minoría no oculte la historia de los padecimientos del conjunto de exilio: miles de hombres y mujeres que en su mayoría no pudieron llegar al dorado exilio latinoamericano y permanecieron en Europa y el Norte de África, con la intención de continuar su combate contra el franquismo; un exilio que costó la vida a muchos hombres y mujeres en los campos de refugiados franceses, en los combates de la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazis y también, en las actividades antifranquistas de posguerra.
La acción mediática de la reacción y la complicidad consciente de muchos durante la transición e incluso hoy día, han generado una serie de mecanismos que inciden en la justificación y el olvido, por lo que la reivindicación de la memoria adquiere el carácter de mecanismo vivo para combatir la impotencia e indefensión frente al poder en una sociedad cada vez más injusta y corrupta.
Está claro que nuestro concepto de memoria histórica difiere bastante del maniqueo modelo que se pretende desde el poder. Nosotros reivindicamos la verdad, la dura realidad sufrida, la vida militante de nuestros compañeros que fueron perseguidos y represaliados, queremos que resplandezca la figura de los que fueron torturados, fusilados o asesinados sin otro motivo que el de luchar esforzadamente por una humanidad libre. Por ello, ni tranquilidad ni reposo, hay cosas que no admiten mayor retraso o demora.
