La reforma de las pensiones supone un nuevo recorte de derechos para la clase trabajadora.
La nueva reforma de pensiones que nos llevan vendiendo desde hace mas de
un año, parece que va a ser aprobada el 28 de enero próximo, se quiera
o no. Entre lo anunciado, destaca el retraso a los 67 años de la edad
de jubilación y la ampliación del período de cálculo de 15 a 20 años (o
incluso a 25). Ambas medidas supondrán un recorte de las pensiones
públicas.
Sin embargo, es muy difícil escuchar a un político, de
cualquier partido, reconocer que habrá una rebaja en las prestaciones de
jubilación. En las declaraciones públicas, los responsables de todos
los partidos se esconden detrás de la palabrería habitual: «Es un
sistema solidario», del que hay que garantizar su «sostenibilidad» y que
hay que reformar para que sea «más justo». Tras cada frase hay un
engaño a los trabajadores.
Escuchamos a menudo frases y
expresiones en boca de los politicos para justificar este ataque hacia
los trabajadores. Frases como:
«La elevación del período de cálculo ha hecho más JUSTO el sistema» (Celestino Corbacho, 25 de agosto)
Con la normativa actual, alguien que trabaje de los 20 a los 50 y se
quede en paro recibirá la pensión mínima; mientras que alguien que no
haga nada hasta los 45 pero cotice desde entonces podría recibir la
máxima. Nada que objetar a que esto cambie.., ¿o sí?
Mientras, en
el sistema actual, la pensión depende de una decisión política. Lo de
ampliar el período de cálculo es una excusa para evitar la quiebra de la
Seguridad Social, pero es una decisión política igualmente. Si dentro
de diez años es necesario, los partidos pedirán que cuenten sólo los
primeros años para evitar fraudes (dirán que hay personas con contratos
falsos para cobrar una pensión) o introducirán cualquier otra
modificación que les parezca oportuna.
La Seguridad Social es la «COLUMNA DEL ESTADO DEL BIENESTAR» (José Luis Rodríguez Zapatero, 13 de septiembre)
Este
tipo de metáforas les encantan a los políticos. La imagen es memorable:
una columna (ellos) que sostiene algo muy pesado (los jubilados) que no
se cae gracias a su esfuerzo (reforma de las pensiones). El problema es
que es mentira.
Ni el sistema de pensiones es robusto ni los
trabajadores lo necesitamos en su actual formato. De hecho, cuando los
políticos hablan de «Estado del Bienestar» quieren que nos acordemos de
los pobres, de los más expuestos a una dificultad. Pero, ¿es tan bueno
el sistema actual con los más desfavorecidos?
Un universitario,
que luego será directivo, pasa hasta los 18 años en el colegio, luego
hace una carrera, después un master y quizás un curso de idiomas, etc…
Puede que empiece a trabajar con 28 años y quizás consiga una
prejubilación pagada por su empresa a los 60. Sin embargo, posiblemente
pueda acceder a la pensión pública más elevada (sus cotizaciones son muy
altas) y lo más seguro es que la complemente con una privada.
Mientras,
su vecino, que deja la escuela con 16 años, trabajará hasta los 65. Sin
embargo, como su base de cotización es baja cobrará una pensión
bastante escuálida. Y si tiene la mala suerte de ser despedido con 55
años, cobrará el mínimo. No le servirá de nada haber empezado a trabajar
12 años antes que el universitario (y esto no cambiará mucho aunque se
amplíe el período de cálculo, lo más importante seguirá siendo la base
de cotización). Además, tampoco tiene plan de pensiones privado.
Eso
sí, el Gobierno y la oposición se preocupan por él y le aseguran una
paga mensual de unos 590 euros tras cinco décadas en la obra. Todo muy
social y muy justo, sí señor.
«Debemos pensar en la SOSTENIBILIDAD del sistema» (María Teresa Fernández de la Vega, 30 de enero)
Esta
metáfora es casi tan bonita como la de la columna e igual de falsa. El
sistema es «sostenible» porque la paga la deciden los políticos. Si
dentro de 60 años, hubiera 10 millones de trabajadores y 50 millones de
pensionistas, el sistema también podría ser sostenible: sólo habría que
fijar una prestación lo suficientemente baja. A 50 euros al mes de
pensión media, también esa situación sería «sostenible» y habría
pensiones públicas.
«En el caso de España, [la UE] reconoce la SOLIDEZ de nuestro actual sistema de pensiones» (Elena Salgado, 17 de noviembre)
Lo
que reconocía la UE es que con el sistema actual la quiebra absoluta
llegaría a partir de 2030 (los expertos de Fedea lo adelantan a 2026).
El sistema no es «sólido» y por eso hay que reformarlo. Además, lo que
esconde esta palabra es la mentira de que ésta será la última reforma.
Los políticos hablan de «esfuerzo» y ocultan al ciudadano que el fin no
son los 67 años, ni la ampliación de 15 a 20 del período de cálculo.
Es
decir, que si sigue el actual patrón de envejecimiento, los
trabajadores menores de 40 años lo tendrán muy crudo para cobrar una
pensión pública mínimamente digna. Esto, según Salgado, es un sistema
«sólido». Por lo tanto, a esta reforma le seguirán otras para ampliar la
vida laboral al menos hasta los 70 años, ampliar el período de cálculo a
toda la vida laboral y reducir aún más las pensiones públicas. No será
el último cambio y lo saben, pero no lo dicen.
«…la necesidad
de que se traslade, PROGRESIVAMENTE y en un marco más FLEXIBLE, la edad
de jubilación más allá de los 65 años» (Valeriano Gómez, 6 de diciembre)
Lo
de la «flexibilidad» es precioso porque parece esconder la posibilidad
de que los trabajadores españoles puedan organizar su vida laboral,
decidir si se jubilan antes o si trabajan más allá de los 65. En
realidad, lo que esconde esta frase es que todos tendremos que trabajar
hasta los 67 (y luego hasta los 70), y que los que quieran dejarlo antes
se verán fuertemente penalizados. Esto nunca se admitirá: se hablará de
«incentivos» para alargar la vida laboral… Claro, el incentivo será
que el que no lo haga cobrará una pensión de miseria.
«Tiene que haber un control más estricto de las PREJUBILACIONES» (Elena Salgado, 30 de enero).
La
satanización de las «prejubilaciones» es otra constante en los
políticos españoles.Pero, ¿qué tiene de malo que una persona se ponga de
acuerdo con su empresa para dejar de trabajar a los 55 años cobrando el
80% de su salario? Pues tiene de malo que alguien que sigue currando
gana más que un prejubilado y, por lo tanto, también cotiza más. Por eso
a los políticos no les gustan las prejubilaciones, porque así la poca
solidez del sistema se hace más patente.
«Podemos afrontar la
necesidad de los cambios, aunque nos cueste ESFUERZOS» (José Luis
Rodriguez Zapatero, 14 de julio); la reforma «no perjudicará
excesivamente A NADIE» (Isabel López i Chasmosa, 6 de octubre)
Estas
frases no sólo son mentira sino que bordean el cinismo más descarnado.
Cuando el presidente del Gobierno dice que hay que hacer reformas
«aunque nos cueste esfuerzos», hay que preguntarse por qué habla en
primera persona del plural. ¿»Nos»?
Los políticos españoles
tienen un sistema de pensiones, muchísimo más favorable que el del común
de los mortales, y que no cambiará en nada con esta reforma. Por eso,
cuando López i Chamosa dice que los cambios no perjudicarán
«excesivamente a nadie» tiene razón: a nadie de su entorno, ni a ninguno
de sus compañeros de escaño, ni a los de la bancada popular. Sólo
perderán los ciudadanos… vamos, casi nadie.
«Los criterios de SOLIDARIDAD están garantizados» (Tomás Burgos, PP, 15 de diciembre)
El
sistema es tan «solidario» y está tan «garantizado» que los políticos
no quieren que compartamos con ellos las reglas del juego. Las normas
para diputados y senadores seguirán siendo diferentes a las de los
demás.
El resumen de las diferencias más notables entre uno y
otro sistema es el siguiente. En primer lugar,para cobrar una pensión
los diputados sólo tienen que «trabajar» 7 años en la Cámara, mientras
que el resto de españoles necesita al menos 15 años cotizados, que tras
la reforma seguramente pasarán a ser 20 ó 25. No sólo eso, sino que esos
7 años en las Cortes les garantizan el 80% de pensión,mientras que 15
años cotizados (20 ó 25 tras la reforma) para un trabajador normal sólo
sirven para cobrar un 50% de la pensión que corresponda a su base de
cotización.
Además, diputados y senadores pueden jubilarse con 60
años sin que se les rebaje la prestación, algo que para el resto de los
mortales está prohibido hasta los 65 y que pronto pasará a estar fijado
en los 67 (y más adelante en los 70).
Y para cobrar esa pensión
completa y máxima, los parlamentarios españoles sólo necesitan acreditar
12 años en las Cortes, mientras que al resto de los trabajadores le
exigen al menos 35 años cotizados (y seguramente esta cifra pasará a ser
de 40 años tras la reforma).
El sistema es «tan solidario» y
está «tan garantizado» que los políticos españoles quieren que sólo lo
disfruten sus ciudadanos. Ellos seguirán sacrificándose con su propia
contabilidad… También cobrarán de los planes de pensiones privados que
les paga el Congreso y de alguno más que se han buscado ellos mismos.
Pero esta inversión la tienen casi sin saber porqué: no es necesaria, ya
sabemos que la Seguridad Social es «sostenible», «sólida», «justa»,
«flexible»… ¿Verdad?
Mientras los sindicatos mayoritarios nos
intentan vender como estar contrario a la medida de jubilarnos a los 67 ,
cuando deberian de oponerse a toda la reforma ya que resulta mas
perjudicial aún a l@s trabajadores la ampliación de contabiliazación de
los últimos 20 ó 25 años.
Fuente: SOV de Cádiz
